EL ASESINATO DE LETELIER (Capítulo 3)
Alumnos de la CIA en la materia explosivos.
La detonación de una bomba colocada debajo del auto que provocó la muerte de dos personas, ocurrida en el barrio de las embajadas de la capital de EEUU, naturalmente generó un proceso judicial.
La investigación estuvo a cargo de un fiscal adjunto de la Fiscalía General del país, Eugene Propper (no confundir con el embajador Popper).
La Fiscalía pidió informes a la CIA sobre lo que pudiera saber hacia fines de 1976, dirigidos a su director George Bush (el mismo que poco después sería presidente).
La CIA no informó nada directamente útil para la investigación. En nuestro juicio en Argentina solo contamos con datos parciales e inconexos.
Aún así, algunos de ellos resultan muy útiles.
En uno de los pedidos de informe de la Fiscalía a la CIA, se dan por ya acreditados ciertos hechos.
La Fiscalía considera cierto que la CIA había instruido a “grupos de exiliados cubanos anti castro”, participantes en el atentado, en el manejo de explosivos.
Y menciona por sus nombres a cinco integrantes de esos grupos, entre ellos a los hermanos Guillermo e Ignacio Novo Sampoll.
Recordemos que el FBI había informado a la CIA que el líder de esos grupos había dicho que esas dos personas habían hecho explotar la bomba que mató a Letelier.
Los testigos se reunieron con la CIA para ponerse de acuerdo
En el proceso judicial en EEUU se requirió a Chile la extradición de los jefes de la DINA para acusarlos del asesinato de Letelier: ellos eran el General Manuel Contreras y el Coronel Pedro Espinoza.
El 22 y 23 de agosto de 1978 (casi dos años después del atentado) se realizaron reuniones en la oficina del jefe de la Asesoría Jurídica de la CIA (el General Counsel Tony Latham), con embajadores y fiscales.
Los documentos labrados en la oportunidad se desclasificaron con numerosas tachaduras.
Son minutas que relatan esas reuniones para acordar el contenido de las declaraciones de los asistentes en las audiencias que se avecinaban para lograr la extradición de los jefes de la DINA chilena. También sobre el contenido de las declaraciones a la prensa.
El texto visible no oculta que buscaban unificar su discurso y exculpar a la CIA.
Viendo el facsímil de los documentos da la impresión de observar por el ojo de una cerradura: no se puede ver y escuchar todo lo que sucede en la sala, pero de todas formas se accede a cuestiones sustanciales, y otras son obviamente deducibles.
El mero hecho que a los fines señalados, se reúnan en la oficina del abogado de la CIA embajadores que declararán como testigos con los fiscales, da un marco de la naturaleza de los encuentros.
En ambas reuniones estuvieron presentes entre otros el Fiscal Eugene Propper que tenía a su cargo el pedido de extradición y el Embajador Landau, quien ya había dejado su destino en Asunción y ahora era embajador en Santiago de Chile.
Un funcionario presente cuyo nombre está tachado comienza diciendo que hay dos documentos a tratar, uno que no podemos leer de qué se trata y otro sobre la organización de Cóndor.
También menciona que están preparando otro texto más para presentar a los medios de prensa.
El Fiscal Propper se mostró interesado en todos ellos y muy entusiasmado en el documento dirigido a la prensa.
Por su parte el Embajador Landau se interesó en el resumen de lo conversado en las reuniones que Contreras tuvo con el General Walters en septiembre de 1975 en la sede de la CIA. Y en particular en lo conversado entre ellos en privado durante 45 minutos en agosto de 1976. El mes anterior al atentado contra Letelier.
La minuta dice que los representantes de la Agencia accedieron a averiguar lo pedido, la respuesta nunca llegaría.
Continúa la minuta de la primera reunión dejando constancia de la pregunta del Embajador Landau sobre qué es lo que debe declarar en las audiencias judiciales cuando se le pregunte sobre la “problemática” emisión de las visas en los pasaportes paraguayos.
Se decide que reconozca que fueron emitidas como un asunto rutinario para un propósito aparentemente legal, y que tan pronto como fue advertido que se había provisto una falsa información las visas fueron revocadas. La falsa información era esencialmente la verdadera identidad de Williams y Romeral y su real nacionalidad chilena.
En la segunda reunión del día siguiente, se trataron en primer lugar los reportes referidos a que el General Manuel Contreras iba a intentar involucrar a la CIA en el caso como estrategia de su defensa. Es decir que la DINA, que éste dirigió en 1976, estaba en el banquillo de los acusados, y éste planeaba zafar a expensas de sus cómplices.
El fiscal Propper agregó que la presentación del pedido de extradición debía ser realizada a la Corte Suprema chilena alrededor del 1 de setiembre, es decir una semana después de esa reunión.
En el punto segundo Propper dijo que había tres áreas básicas pertinentes a tratar:
1) La relación de Contreras “con”, y le sigue una tachadura de la cantidad de caracteres que se necesita para escribir “la Agencia”; o si se prefiere Walters.
2) La emisión de visas norteamericanas para pasaportes paraguayos producida en Asunción en julio de 1976;
3) La relación de Cóndor con el caso Letelier.
Nuevamente Michael Townley.
Recordemos que Townley fue el ejecutor de la explosión que mató al Gral. Prats en Buenos Aires en 1974, según explicamos en nuestro artículo sobre aquel atentado.
A esa altura de la investigación ya se admitía que el nombrado Michael Townley era la verdadera identidad del supuesto oficial del ejército chileno “Williams”. En la época de la reunión éste negociaba con el Fiscal proporcionar información y acomodar su declaración a cambio de una reducción de pena por su actuación en el asesinato Letelier.
Propper informó en la reunión que Townley era experto sobre Cóndor y la fiscalía lo había vinculado con la emisión de las visas en los pasaportes paraguayos.
Sobre el punto 3 el Fiscal Propper ofreció a la CIA información sobre la DINA en el exterior, que su oficina había tenido que estudiar a propósito del caso.
La CIA pone en evidencia a su gente al protegerlos en la investigación
El Asesor General Latham, jefe de asesoría jurídica de la CIA, contestó el ofrecimiento del Fiscal que dependía de la fuente de la información ofrecida sobre la DINA. Aclaró que si tal fuente fuera, por ejemplo Townley, “podrían tener problemas y necesitaba autorización”.
Propper preguntó entonces si la Agencia podía establecer una vigilancia estrecha sobre los dos cubanos buscados en conexión con el caso Letelier.
Recibió la promesa de que se vería el tema, pero el Asesor Jurídico le puntualizó que buscar y vigilar a ese personal requería también una aprobación de la superioridad.
En el contexto de los hechos que trata el documento, los obstáculos ante los pedidos del Fiscal Propper por la asesoría jurídica de la CIA nos revelan que -cuanto menos- Townley y los hermanos Novo tenían funciones dentro del sistema de inteligencia norteamericana que la CIA utilizaba y protegía.
Las minutas también muestran la preocupación de los funcionarios norteamericanos presentes sobre sus responsabilidades personales, ya que había constancia que conocían los propósito ilegítimos de los destinatarios de las visas, quienes intentaban ingresar a EEUU con nombres falsos
y contactar al vice director de la CIA Vernon Walters.
Es decir que desde antes del viaje, los embajadores sabían que además de las falsificaciones de pasaportes, los propósitos de los viajeros eran delictivos.
Aún así, EEUU autorizó el ingreso a su país con pasaportes diplomáticos chilenos y los mismos nombres falsos, finalmente permitiendo que los viajeros desarrollaran su actividad terrorista en Washington.