EL ASESINATO DEL GENERAL PRATS

El 30 de setiembre de 1974 el General chileno Carlos Prats -paradigma de lealtad al sistema constitucional- y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados en Buenos Aires, donde vivían exiliados,  por la explosión de una bomba colocada bajo su auto.

Se trata de uno de los hechos que demuestran que la coordinación represiva antipopular en el Cono Sur no comenzó con la formalización de la Operación Cóndor en la reunión multinacional de noviembre de 1975 realizada en Chile, a la que más adelante le dedicaremos un tratamiento particular.

Desde años antes -e incluso décadas- las policías y servicios de informaciones de nuestros países solían colaborar en la persecución de militantes de izquierda o meramente opositores a las dictaduras.

Con énfasis debemos resaltar la honrosa historia latinoamericana sobre la vigencia del Derecho de Asilo, que era cultivado -a su turno- por los gobiernos constitucionales. Así, daban refugio a los perseguidos políticos de otros países.

A continuación de la muerte del presidente Perón ocurrida el 1de julio de 1974 le sucedió en el cargo su esposa y vicepresidente María Estela Martínez, con una creciente influencia y actividad del ministro José López Rega y su organizacion para-policial/militar Alianza Anticomunista Argentina.

Algunos de los asesinatos cometidos por ese brazo del naciente terrorismo de Estado lo fueron en coordinación con sus homólogos de las dictaduras ya instaladas en Chile y Uruguay.

Stella Calloni (periodista y escritora, autora de “Operación Cóndor, Pacto Criminal”) los calificó en su declaración testimonial en el Juicio que nos ocupa como “Pre-Cóndor”, porque en los hechos ya configuraban delitos con los ingredientes esenciales de la Operación Cóndor.

Perón había condenado el golpe de Chile que en setiembre de 1973 destituyó a Salvador Allende.

El general Carlos Prats fue jefe del ejército chileno con apego al orden constitucional. Ante la traición de Pinochet -quien había simulado el mismo apego-, Prats se asiló en Buenos Aires.

Perón mantenía buenas relaciones personales con Prats, quien conservaba prestigio ante muchos cuadros militares chilenos todavía en actividad. También era apreciado por los exiliados políticos debido a sus cualidades personales y lealtad al régimen constitucional, al tiempo que no tenía afiliación partidaria.

La dictadura pinochetista temía que Prats se constituyera en convocante de un movimiento que denunciara al régimen y promoviera el agrupamiento de quienes luchaban por restablecer el orden constitucional.

Entonces le pidieron a la inteligencia del ejército argentino que lo vigilara.

Prueba de ello es un documento desclasificado agregado en el Juicio de un informe fechado el 27 de noviembre de 1973, diez meses antes del atentado a Prats.

Como es habitual en ese tipo de documentos, tiene el setenta por ciento de su texto tachado. Es decir que oculta más que lo que muestra.

Si bien las tachaduras no permiten leer el lugar en que se emite, por su texto está claro que se trata de un informe enviado por la estación en Santiago de Chile a la central de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense).

De cualquier manera ese informe de la CIA permite leer:

“El General chileno Sergio Arellano, comandante de la segunda División del Ejército, dejó Santiago para cumplir un requerimiento del liderazgo de la Junta”.

A continuación hay un primer punto ilegible de varios renglones de extensión.

Y le sigue el siguiente texto:

“En Buenos Aires conversará con los militares argentinos sobre toda la información que tengan en relación a las actividades del Gral. (retirado) Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército Chileno. Arellano tratará también de llegar a un acuerdo para que los argentinos mantengan la vigilancia sobre Prats y regularmente le informen a los chilenos esas actividades.”.

No se trata de una simple información sino más bien una rendición de cuentas de la tarea cumplida, obviamente por la CIA.

Cabe señalar que el informe de la CIA se está refiriendo al mismo General Sergio Arellano que había comandado en Chile, apenas semanas antes de la emisión de ese documento, la llamada Caravana de la Muerte, por algunos de cuyos crímenes resultaría condenado en su país en 2008.

El documento acredita la importancia y el carácter que la dictadura chilena y la propia CIA confieren a la vigilancia de los movimientos de Prats, poniendo a cargo de la gestión trasandina a un militar de la jerarquía y experticia comprobada de Arellano.

Asimismo evidencia las buenas relaciones de los jefes de la dictadura chilena con las autoridades militares argentinas como para realizar una coordinación de ese tipo en noviembre de 1973, tarea a la que la CIA no se mostraba ajena.

A mediados de 1974 se instaló en Buenos Aires una delegación “reservada” de la DINA, el servicio de inteligencia y operaciones del ejército chileno destinado a la represión de militantes antipinochetistas.

Tal delegación estaba a cargo de Enrique Arancibia Clavel.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de esta ciudad, condenó en 2000 a Enrique Arancibia Clavel a reclusión perpetua, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada y homicidio agravado por su participación en el atentado terrorista contra el matrimonio Prats.

Esas actuaciones están incorporadas como prueba a este Juicio.

Arancibia Clavel guardó en su casa en Buenos Aires copia de su correspondencia con la central de la DINA, digna de otro tema a analizar en el futuro. No solo por su elocuente contenido testimonial durante los años del Cóndor, sino también por el propio hecho de que un agente calificado de inteligencia guardara impresa, al alcance de la mano de los funcionarios judiciales que allanaron su casa, la copia de su trabajo de años y luego la reconociera como auténtica en juicio.

En su declaración testimonial en este juicio Stella Calloni confirmó que en el asesinato del General chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert “hubo una coordinación previa a su concreción.”.

“Se esperó para realizar el atentado a que muriera  Perón –con quien el general chileno mantenía correspondencia-. Prats ya había recibo varias amenazas y le habían aconsejado que se fuera de Argentina.

Se le hizo un seguimiento el 14 de septiembre, por ello Gladys Marín (quien militaba en el Partido Comunista de Chile) le dijo que tenía que salir de este país; sin embargo él se quedó, ya que no le entregaban el pasaporte.

 El 30 de septiembre el militar chileno salió a cenar con su esposa Sofía y cuando regresó, bajó del automóvil para abrir la puerta del garaje y se detonó un artefacto explosivo. Ambos vuelan y del vehículo no quedó nada.

Refirió que en la vía pública, en ese momento, no había luz. Lo que le hace presumir que  habrían sido víctimas de una celada.”.

La propia Stella Calloni ubica el automóvil en el momento de la explosión en la puerta del garage del edificio donde vivía Prats, en la calle Malabia 3351, Ciudad de Buenos Aires.

Me permito una disgresión personal; cuatro años después del atentado conocí a quien sería mi suegra, Judith, que vivía todavía entonces en Malabia 3340, es decir justo frente al domicilio de Prats y aquella noche fatídica se encontraba durmiendo en una habitación al frente de su edificio. Durante años ella rememoraría con horror los efectos de la honda expansiva de la explosión, el temblor, el tremendo ruido y especialmente el estallido de vidrios que produjo en su casa la detonación.

Ya  hemos señalado que Arancibia Clavel fue integrante de la asociación ilícita que cometió el doble homicidio en 1974 y como tal fue condenado por la justicia federal en Buenos Aires, cuando todavía la Operación Cóndor no se había formalizado.

Resta decir que el artefacto explosivo fue confeccionado y activado por Michael Townley.

Así lo confesó el propio Townley ante la Jueza Federal que instruyó el juicio que culminara con la sentencia del Tribunal Oral Federal Nro. 6 ya referida.

Para ello la Jueza María Romilda Servini de Cubría debió viajar a un lugar de Estados Unidos donde el asesino aún vive con identidad reservada, después de su expulsión de Chile en base a un acuerdo con el gobierno estadounidense en 1978.

El mismo Townley fue quien posteriormente confeccionó la bomba colocada en setiembre de 1976 debajo del auto de Orlando Letelier, ex ministro de Allende, con idéntico resultado de muerte para Letelier.

Sólo que ese crimen de similar factura se cometió en el barrio de las embajadas en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, lugar obviamente bajo jurisdicción estadounidense.

La intervención del Poder Judicial de EEUU permitió instrumentar una negociación de Townley con la fiscalía, que le permite hoy vivir en su país como testigo protegido.

Pero esa instrumentación es solo una fachada para pretextar la negativa de su país a extraditarlo con el fin de juzgarlo tanto en Argentina como en Chile.  

En este Juicio veremos que existen pruebas que acreditan otros motivos más poderosos para negar tal extradición.